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En una de las recientes
intervenciones realizadas por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, durante
las reuniones realizadas en medio del Foro Económico Mundial, donde habló sobre
la necesidad de descarbonizar la economía mundial, si la raza humana quiere
vivir en el planeta tierra, en Colombia se volvió a poner en boca de todos la posibilidad
del cierre de algunas de las empresas mineras del país, y particularmente en el
departamento de La Guajira, donde está ubicada la mina más grande de carbón del
mundo a cielo abierto, el Cerrejón.
Lo cierto es que, la
opinión del presidente va en la línea de la reciente publicación del primer
informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático
realizada el 13/08/2021, donde se analizaron cinco escenarios de emisiones de
carbono a la atmosfera desde la más optimista al más pesimista. En todos ellos,
la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5ºC respecto a la era
preindustrial alrededor de 2030, diez años antes de lo previsto en la estimación
de 2018.
En dicho informe, se
definió que los principales causantes del cambio climático en el planeta son el
Carbón y los combustibles fósiles. Dentro de la publicación se dice que, se
debe poner fin al carbón y a la generación de energías a partir de recursos
fósiles, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero creadas por estas
y la desforestación están asfixiando al planeta.
En línea con lo
anterior, durante la COP 26 se llegaron a unos acuerdos que hacen cada vez
menos alentador el futuro del negocio del carbón. Durante este evento realizado
en Londres en noviembre del 2021, se llegó a la conclusión que, más de 50
países se comprometieron a eliminar la producción de carbón, y no solo eso, fueron
más allá, ya que, 77 países que participaron en el encuentro se comprometieron
a cerrar gradualmente las plantas donde producen ese combustible fósil, las
cuales generan más del 35% de la electricidad global, y a no construir nuevas.
Dentro de la
descripción del plan propuesto en la COP 26, se prevé que los territorios más
desarrollados renuncien al uso y producción de carbón para la década de 2030 y
que las naciones más pobres lo hagan para el periodo de 2040. Si se cumple con
cabalidad con este plan, a Colombia le quedan menos de 17 años para acelerar el
proceso de transición para remplazar los ingresos generados por la gran minería.
Y la tarea es grande y
difícil, de manera particular para el departamento de La Guajira, ya que, en
materia laboral, la minería del carbón genera al menos la contratación de 8.500
personas, entre empleados y contratistas, de los cuales el 62% son oriundos de
La Guajira y otro 30% de otros departamentos de la costa Atlántica. En materia
de ingresos, esta actividad desde el año 2002 ha pagado entre impuestos y
regalías más de $18,5 billones de pesos al país.
Por lo anterior, es
precisamente el carbón y toda la actividad económica que se genera alrededor de
este producto, uno de los mayores empleadores privados en los municipios del
área de influencia y una fuente de ingresos para la salud administrativa del
departamento y el país, que ante el escenario expuesto, si se acaba la
explotación de materiales minero-energéticos es posible que en corto plazo no
exista una empresa en la capacidad de generar empleos y la cantidad de ingresos
vía impuestos para las arcas de la gobernación y los municipios que viven de
las regalías.
De no tomar medidas a
tiempo, podremos tener resultados nefastos, el caso que experimentan hoy los
municipios que hacen parte del denominado Triángulo Minero en el vecino
departamento del Cesar, de manera particular el municipio de La Jagua del Ibirico.
Después de que la empresa Prodeco –filial de la multinacional suiza Glencore–
cerró las dos minas de carbón, se presentó una alta pérdida de empleos y se
sintió un fuerte impacto en las finanzas públicas. La Jagua de Ibirico, recibía
alrededor del 85 % de sus ingresos de las regalías. Al cerrar la mina y perder
ese dinero, el municipio bajó de categoría, pasó de tercera a quinta, lo que
implicó recibir menos recursos de la Nación y perder importancia estratégica en
la región.
El Gobierno nacional durante
este cuatrienio va a acelerar el proceso de descarbonización de la economía colombiana,
al parecer, va a marcar la hoja de ruta necesaria y a realizar los esfuerzos en
conjunto de todos los actores relevantes, la empresa privada, la academia y la
sociedad civil. Por parte del gobierno la apuesta por la implementación de
políticas y regulaciones es ambiciosa para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Las empresas deben adoptar prácticas sostenibles y reducir
sus emisiones. La sociedad civil también debe ser consciente de su impacto y la
academia debe responder a este reto innovando la forma en como se dará el
crecimiento social.
A la vuelta de unos pocos
años, habrá preguntas que toda la sociedad guajira debe responderse, entre
ellas, ¿qué empresa va contratar a los futuros desempleados de la mina que
salgan fruto del cumplimiento de estos acuerdos en el mundo? ¿cómo se van a
remplazar esos ingresos a las económicas de los municipios que llegan en forma
de regalías y de salario, que entran a las alcaldías y a las tiendas de barrio
y pequeños comercios que alimentan la formalidad e informalidad laboral de La
Guajira? ¿cómo el gobierno departamental va a remplazar los muchos o pocos
recursos con los que cuenta del departamento fruto del Sistema General de
Regalías? ¿cómo se va a enfrentar el calentamiento del territorio y el que las
aguas del mar no se traguen partes de municipios como Manaure, Dibulla y
Riohacha?
Se debe acordar el
lector que, ante las inquietudes anteriores, en este territorio se siguen
presentando los peores problemas que se pueda imaginar: muertes de niños por
hambre y enfermedades asociadas a la desnutrición; altas tasas de desigualdad,
altas tasas de pobreza, alto índice de desempleo, falta de oportunidades, en
fin., otros problemas más para los ya conocidos.
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