Como ya lo había anunciado el presidente Gustavo Petro,
por medio del El Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, expedido por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se facultó al presidente
para reasumir la regulación de los servicios públicos en Colombia. La aparición
de este documento ha generado todo tipo debates en el país, en un sector que
por treinta años ha estado funcionando bajo la libertad de las fuerzas de
mercado.
Petro Urrego decidió retomar las facultades en la administración
y control de los servicios públicos domiciliarios haciendo énfasis particular en
el servicio de la electricidad. Esta facultad se le brinda al presidente desde
la Constitución, en el artículo 370, que indica que dentro de las atribuciones
de este cargo, “corresponde al Presidente de la República señalar, con
sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección
y vigilancia de las entidades que los presten”.
El principal motivo por el cual el presidente justificó
la decisión de realizar esta intervención es el crecimiento acelerado de los
precios de las facturas que en los últimos años se ha dado en el servicio de la
electricidad. De acuerdo con el informe presentado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) los precios pagados por este servicio crecieron
un 22,4% desde enero de 2022. Esta situación es algo así como 10 puntos más que
el promedio de 13,1%, una cifra que de todos modos es la más alta de este
siglo.
Ya en el mes de octubre del año 2022, el Gobierno había
llegado a un acuerdo con más de 80 empresas energéticas, para frenar el
crecimiento de las tarifas y que esta situación contribuya al crecimiento económico
del país y el consumo de los hogares. En Colombia, la regulación del servicio
de la energía eléctrica se ha llevado a cabo por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), esta entidad tiene la responsabilidad de supervisar y
controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con este servicio,
pero la intervención del presidente, le da el poder de controlar los hilos en
la prestación de este servicio. Esta decisión tiene múltiples miradas y opiniones
por parte de los agentes que hacen parte de este mercado.
Por un lado, la intervención de Petro en la CREG
puede ser vista como un paso positivo para una mayor transparencia y equidad en
la regulación de los precios de la energía en Colombia. Esta intervención
podría permitir una mayor participación del gobierno en la regulación de
precios y una reducción en los costos de la energía para los consumidores,
especialmente aquellos de bajos ingresos. Además, la regulación más estricta de
la industria energética puede llevar a una mayor inversión y desarrollo en
energías limpias y renovables, lo que sería beneficioso para el medio ambiente.
Lo anterior, se vuelve una ventaja ya que al tener
una mayor influencia en la regulación del sector energético y de gas en
Colombia, podría llevar a la implementación de políticas más favorables para
los consumidores y los trabajadores de la industria. Además, al ser el
presidente quien controle la CREG, podría haber una mayor coordinación entre
las políticas energéticas del gobierno y las decisiones de la CREG, lo que
podría generar una mayor estabilidad en el mercado energético.
Sin embargo, también existen posibles efectos
negativos de esta intervención. Por ejemplo, algunos argumentan que podría
haber un impacto negativo en la inversión extranjera y la generación de empleo
en la industria energética del país. También podría haber una disminución en la
eficiencia y la competitividad del sector energético si el gobierno se
involucra demasiado en la regulación de precios y operaciones.
Otra de las posibles desventajas de que el
presidente Petro tome el control de la CREG, es que esto podría llevar a una
mayor politización de la entidad, lo que podría generar una mayor incertidumbre
en el mercado energético. Además, podría haber conflictos de intereses entre el
presidente y la entidad, lo que podría llevar a decisiones poco objetivas y
perjudiciales para la industria y los consumidores.
Al estar bajo el control del presidente, la CREG
podría verse obligada a implementar políticas que no son técnicamente viables o
que no están respaldadas por evidencia empírica. Esto podría tener
consecuencias negativas para el mercado energético y para la economía en
general
Lo realmente cierto es que la regulación de los
servicios públicos es una de las funciones más importantes que tiene el Estado
en cualquier país. Estos servicios son esenciales para el bienestar de la
población, ya que incluyen servicios como el suministro de agua, el servicio de
energía eléctrica, el servicio de gas, el servicio de telefonía, entre otros.
Por lo tanto, la regulación de estos servicios es necesaria para garantizar que
se presten de manera eficiente, segura y a un precio justo para todos los
ciudadanos.
Es importante mencionar que la regulación de los
servicios públicos no es una tarea fácil y que requiere de un conocimiento
técnico y especializado. Por lo tanto, es necesario que el presidente Gustavo
Petro cuente con un equipo de expertos en la materia que lo asesoren y lo
apoyen en la toma de decisiones. Además, es fundamental que se establezcan
mecanismos de control y supervisión para garantizar que las decisiones que se
tomen sean adecuadas y estén en línea con los objetivos de la regulación.
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