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De acuerdo con el Indicadores
de mercado laboral elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
DANE, para el mes de diciembre del 2022 y duarte el año en total, cinco de las
siete ciudades de la Costa Caribe se encuentran entre los territorios con mayor
informalidad laboral de Colombia.
De manera particular las
ciudades capitales de la antigua Magdalena Grande son las que más personas de
su mercado laboral que se encuentran dentro de este particular. Valledupar es
la ciudad con el mayor indicador. La población ocupada de manera informal para
el trimestre octubre-diciembre de 2022 fue del 69,6%, seguida
muy de cerca por Riohacha 68,1% y Santa Marta 66,8%. Estas ciudades están a más
de 30 puntos porcentuales de Bogotá D.C. y Manizales A.M. con 33,9% y 37,2%,
respectivamente.
Este mayor volumen de
personas en informalidad dentro de estas tres ciudades lleva a que los
trabajadores no cuenten con un contrato formal y no cumplan con los requisitos
legales de seguridad social, salarios y horarios laborales.
El avance de la
informalidad tiene una serie de efectos negativos para las ciudades
mencionadas, los trabajadores y la economía en general. En primer lugar, la
informalidad laboral reduce la seguridad y el bienestar de los trabajadores, ya
que no tienen derechos laborales y se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Además, la informalidad laboral impide que los trabajadores
tengan acceso a programas de salud, pensiones y seguros, lo que pone en riesgo
su futuro y el de sus familias.
Otro efecto negativo de
la informalidad laboral es la pérdida de ingresos para los trabajadores y para
el Estado, ya que no se cumplen los impuestos y las obligaciones laborales, lo
que limita la capacidad del Estado para financiar programas sociales y de
bienestar para la población.
Además, la informalidad
laboral tiene un impacto negativo en la economía de esta ciudades, haciendo
cada vez más limitada la productividad, la capacidad de atraer inversiones y
desarrollo económico. Se requiere entonces de un esfuerzo conjunto entre el
Estado, las empresas y la sociedad para reducirla y garantizar un futuro más
estable y próspero.
Para superar esta
situación negativa, se requiere que estas ciudades creen programas que les
permitan trabajar en el desarrollo y fortalecimiento del mercado laboral, que
impulse incentivos claros y reales para los empleadores y los empleados y de
esta manera puedan crecer ambas partes.
Entre ellas, es
necesario mejorar la educación, hacia una que en realidad sea pertinente, útil y
aplicable a los territorios, que posibilite un real crecimiento productivo del
sistema económico. De igual manera, se debe crear conciencia sobre los derechos
laborales y las responsabilidades de los empleadores. Muchos trabajadores
informales no están al tanto de sus derechos y no saben cómo reclamarlos, lo
que los hace vulnerables a la explotación y a condiciones laborales injustas.
Las políticas y los
programas del gobierno deben ir dirigidos hacia apoyos efectivos para apoyar la
formalización de las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso de la
actividad productiva de estas ciudades. Esto incluye la provisión de asistencia
técnica y financiera, así como la simplificación de los procesos y requisitos
necesarios para formalizar un negocio.
Además, es crucial
fortalecer la capacidad de inspección y control laboral, para garantizar que
los empleadores cumplan con las leyes laborales y los derechos de sus
trabajadores. Esto también requiere de una mayor cooperación y coordinación
entre las diferentes agencias y organismos encargados de la regulación laboral.
Por último, es
necesario abordar las causas subyacentes de la informalidad laboral, como la
falta de oportunidades económicas, la discriminación y la exclusión social.
Esto requiere de una mayor inversión en educación y formación, así como en el
desarrollo económico y social de las comunidades más desfavorecidas.
En conclusión, para
eliminar la informalidad laboral es necesario abordar una serie de desafíos y
tomar medidas concretas para mejorar la educación, apoyar la formalización,
fortalecer la regulación y abordar las causas subyacentes. Esto es importante
no solo para proteger los derechos de los trabajadores, sino también para
impulsar el crecimiento económico y la justicia social en todo el mundo.
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